El titular del editorial del New York Times (una de las catedrales del periodismo en EEUU) es más demoledor que una bomba. Es demoledor no solo porque lo dice quien lo dice, sino porque no es una opinión más de sus articulistas, no: ¡Es el criterio del Comité Editorial en pleno!
Y si cree que el asunto es un editorial más de los dueños del prestigioso medio, pues ellos mismos se encargan de aclararle a su audiencia quienes conforman ese comité: «El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en posturas se basan en su experiencia, investigación, debates y ciertos valores muy arraigados. Es independiente de la sala de redacción».
El editorial comienza con una simple pregunta «¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional?». Y quizás un coro ensordecedor en el planeta entero gritaría al unísono: NO. Pero ellos se encargan de demostrarlo en cada párrafo.
El Departamento de Justicia de EEUU, denuncia el diario, ha creado un fondo de casi 2 mil millones de dólares para defender a los acólitos del Presidente. Según se lee en el editorial: «El fondo consigue combinar tres de los comportamientos más alarmantes de Trump. Uno, es una forma evidente de corrupción, procedente de un presidente que ha utilizado su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados. Dos, el fondo continúa su patrón de uso del Departamento de Justicia como ejecutor para castigar a quien considera sus adversarios y proteger a sus amigos y aliados. Tres, el fondo es su último intento de reescribir la historia sobre las elecciones de 2020 y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021».
Pero además el Comité Editorial responsable del texto publicado intenta poner en contexto la gravedad de los hechos del jefe de Estado Norteamericano. Está destruyendo los pilares de la democracia, además solo son legítimas las elecciones que él gana (¿Les suena familiar?); expulsa de su propio partido a quienes le desafían y peor suerte le toca a sus adversarios políticos o figuras públicas, esos son enemigos y traidores. Y su audacia más reciente ha sido cambiar las reglas electorales para mantener a su partido en el poder. Todo esto dice el NYT. Desde otras partes del mundo podrían agregar que inicia guerra e invasiones sin sustento legal ni moral y que utiliza sanciones financieras e impuestos como drones sin ley, para amigos y enemigos en todas partes del mundo.
«El proyecto de Trump aún no ha triunfado, al menos no del todo. Muchos estadounidenses –en el sistema judicial, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en otros lugares– siguen defendiendo la democracia y oponiéndose a sus ambiciones autocráticas. A estas alturas, sin embargo, nadie debería hacerse ilusiones sobre lo que intenta hacer», afirma esperanzadoramente, con un optimismo que todos quisieran compartir.
Pero cuando se sigue la lectura y se consigue uno con que el mandatario en cuestión, en un absurdo jurídico de proporciones ridículas, demandó personalmente al Servicio de Impuestos Internos, un organismo que él mismo supervisa, ¡»por la filtración de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato»!.
Eso sin contar con que el Fiscal General, Todd Balance, fue durante años abogado personal de Donald Trump. “Se supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”, se atrevió a decir con ironía el propio Trump.
«Como era de esperar, desembocaron en un acuerdo extremadamente favorable para él.
A cambio de que el presidente retirara la demanda contra el IRS, tanto él como sus partidarios recibirán beneficios financiados por el Estado. Para Trump, la ayuda viene en forma de permiso para haber eludido impuestos. El gobierno le ha concedido a Trump y a su familia inmunidad frente a las continuas auditorías de sus pagos de impuestos. Según los expertos, tiene un largo historial de maniobras contables cuestionables, y las auditorías podrían haberle costado más de 100 millones de dólares. Ahora no le costarán nada».
Y por disposición del Fiscal pues ahora todos los que se sientan perseguidos por razones políticas (como increíblemente parece que se siente Trump) pueden recurrir al Departamento de Justicia Norteamericano para que les «resarzan» con los 2 mil millones de dólares que han sido dispuestos para tal fin.
«El gobierno de Trump ya ha despedido a agentes federales que cumplieron con su deber al investigar los intentos del presidente de anular las elecciones de 2020. Trump ha concedido clemencia general a más de 1500 alborotadores del 6 de enero, algunos de los cuales ahora podrían recibir pagos. Su Departamento de Justicia consiguió que James Comey, el exdirector del FBI, fuera imputado por cargos dudosos como retribución por su papel en la investigación de los vínculos de la campaña de Trump con Rusia en 2016. El fondo continúa el esfuerzo por convertir la aplicación de la ley en una herramienta de poder político bruto».