En medio de las consultas para la reforma del sistema judicial venezolano, el magistrado emérito de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, lanzó una propuesta audaz, pero coherente: aumentar el número de tribunales en todo el territorio nacional y también incrementar el número de funcionarios que laboren en ellos.
Mendoza considera que siempre hay correcciones necesarias y que, “justamente porque la Constitución está viva, no es una letra muerta, por lo que tiene una dinámica de revisión permanente…»
La razón de su propuesta radica en la razón misma de la necesidad de la reforma judicial emprendida por el Gobierno Nacional: la eficiencia y celeridad en la respuesta a los ciudadanos por parte del sistema de justicia.
El magistrado emérito consideró que es necesario “ incrementar el número de tribunales, de jueces titularizados y de personas que integran el sistema de justicia, además de llevar a esos jueces a que concilien y medien antes de una sentencia definitiva después de un proceso extremadamente largo”.
Sobre este punto añadió que los lapsos procesales muy largos, a los que obliga el sistema de garantías «no encuentran su realidad en la dinámica diaria”. Para él, los tribunales de control se encuentran abarrotados por lo que aun cuando el «Ministerio Público (MP) tiene que litigar para poder imputar y unos lapsos para hacerlo, y aunque a veces la recolección de pruebas no es compleja» las miles de causas que se llevan en los tribunales constituyen un verdadero embudo. Es demasiado para un solo tribunal que debe realizar audiencias personalizadas.
“Hoy en día se ha avanzado con las audiencias digitalizadas, pero siempre el tema probatorio y de contacto con los testigos, la evidencia, la recolección de elementos que se tiene que hacer a través de los órganos correspondientes, tiene una burocracia necesaria que a veces hace que el proceso sea lento”, aclaró.
Por eso, reiteró, la celeridad deseada no puede resolverse sino con la incorporación de nuevos tribunales y nuevos jueces, “porque el sistema de garantías nos lleva a la creación de jurisdicciones muy especiales: Niños, niñas y adolescentes, violencia de género, entre otras, que tienen no solo aspectos sociales que atender, sino aspectos penales, lo que conlleva una actividad judicial muy intensa”.
Y aunque reconoció la tremenda dinámica jurídica del país, admitió que esta requiere de una etapa evolutiva…