La Asamblea Nacional actuó con rapidez para intentar hacerle frente a la crisis de vivienda que los recientes terremotos dejó en la zona capital y litoral, de tal forma que aprobó un proyecto de ley que estimula los arrendamientos, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. Es decir intentando proteger tanto a propietarios como a inquilinos.
La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda consta de cuatro capítulos y 27 artículos. La agencia española de noticias, EFE, citando al diputado y vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, afirma que las claves de esta ley que aún espera por su segunda discusión son que «tomará en cuenta la protección del dueño de la vivienda y del inquilino», y «prohíbe formalmente arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias».
«Por un lado, seguridad jurídica y, por otro lado, equilibrio jurídico, en función de que puedan desamarrarse los nudos que tienen frenado este mercado de alquiler», admitió Infante en la sesión ordinaria.
Otro eje central de esta ley será, siempre según el mismo Infante, que buscará vías expeditas para «resolver controversias, disminuyendo los tiempos de respuesta y aliviando la carga del sistema de justicia ordinario», es decir que se desjudicializará el mecanismo para darle celeridad a los procesos.
También está previsto que ambas partes acuerden libremente un canon promedio»y su indexación en caso de prórroga». Esto, dijo el diputado, logrará frenar la «especulación» .
Y es que los reportes preliminares indican que unas 18 mil personas quedaron sin viviendas después del doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio.
A estas acciones deben sumársele los decretos que emitió el Ejecutivo Nacional, exonerando totalmente las tasas e impuestos en registros y notarías para todos los trámites vinculados a la compra o alquiler de viviendas de las personas damnificadas.
Esta decisión fue conocida incluso horas después de los lamentables siniestros y como una manera de adelantarse a la crisis que posteriormente se presentaría.
El decreto emitido por la Presidencia incluye:
* Exoneración de tasas de registros y notaría para todos los procesos de adquisición o arrendamiento de nuevos inmuebles para quienes perdieron sus hogares.
* En conjunto con la banca pública y privada se coordinaron financiamientos con hasta un 80 % de subsidio.
* Los afectados por la pérdida de vivienda recibirán, por un lapso de seis meses, un bono.
Y la reactivación de la Gran Misión Vivienda Venezuela en La Guaira . El programa estará enfocado exclusivamente en las áreas afectadas por los sismos.