Desde la semana pasada comenzó a circular la invitación oficial para que los profesionales independientes que manejen bienes o dinero de sus clientes (contadores, economistas, administradores y abogados), ONG’s, empresas inmobiliarias “y todos las entidades sin un supervisor sectorial específico que cumplan con los criterios de la ley deben proceder a inscribirse” al Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).
La normativa de este Registro obedece a una providencia administrativa de febrero de 2021 publicada en Gaceta Oficial #42.098 del 30 de marzo del mismo año. Según lo publicado en sus redes sociales del Colegio de Contadores Públicos del estado Miranda, después de la inscripción se otorgarán 30 días para subsanar errores y otros 30 días más para actualizar cualquier cambio.
La certificación emitida será permanente siempre y cuando no ocurra ningún cambio en los datos registrados.
¿Pero qué es este Registro Unificado de Sujetos Obligados?
Pues se trata de un control oficial de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) para prevenir delitos financieros en Venezuela. Según la página de la propia Oficina, se aspira a generar una base de datos «y ejercer un control sobre las actividades de entidades que se consideren vulnerables ante la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas».
¿Quienes deben inscribirse o quienes se consideran sujetos obligados?
1 Las personas naturales y jurídicas cuya actividad se encuentre regulada por las leyes que rigen los siguientes sectores: bancario, aseguradores, valores, bingo, casinos.
2 Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados para realizar cambio de divisas.
3 Las fundaciones, asociaciones y demás organizaciones sin fines de lucro.
4 Las organizaciones con fines políticos.
5 Las oficinas subalternas de Registro Público y Notarias Públicas.
6 Las abogadas y los abogados, administradores y administradoras, economistas y contadores en el libre ejercicio de su profesión que realicen actividades relacionadas con la compra venta de inmuebles, administración de cuentas y administración de compañías, entre otras.
7 Las personas naturales y jurídicas cuya actividad económica sea la compra venta de bienes y raíces, construcción de edificios, transporte de valores, compra venta de repuestos y vehículos usados, entre otras.
Solo quedan exentas del trámite las entidades supervisadas por ley especial u órganos de control sectorial, cuyos datos se remiten a través de sus respectivos entes de supervisión.
En el Diario venezolano La Nación, de Los Andes, Ildemaro Pacheco, analizó el impacto del informe “Evaluación Sectorial de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, específicamente para los sectores de Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios». Según dice en su columna de este martes 8 de septiembre, este informe destaca «un dato macroeconómico clave: las actividades inmobiliarias y las actividades profesionales representan, en conjunto, el 13,04% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional del año 2025. Esta cifra refleja la enorme responsabilidad y el peso específico que estos sectores sostienen en la dinámica comercial e industrial. Sector Abogados (Calificación de Riesgo: Alta): El estudio identifica que la mayor vulnerabilidad operativa en el libre ejercicio reside en el manejo de elevadas sumas en efectivo sin el debido soporte documental y en la omisión de la Debida Diligencia Reforzada (DDR) en operaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP) o en la estructuración de sociedades opacas. Los riesgos críticos vinculados al uso intensivo de efectivo muestran una baja capacidad de mitigación».
Sin embargo, la creación de este banco de datos nacional de profesionales y empresas ha generado dudas e inquietudes en varios ramos, especialmente en el de los abogados. Mientras, el proceso avanza y se conforma el mega registro que aspira a controlar las actividades ilicitas como el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo en el país.