La respuesta del parlamento nacional al asedio que sufren los tanqueros petroleros en las costas venezolanas por parte de las fuerzas navales norteamericanas no se hizo esperar, ayer la AN aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales.
La contundente reacción legislativa también es una» necesidad urgente», para «proteger la economía nacional y el nivel de vida del pueblo ante las acciones hostiles de la administración estadounidense».
El diputado Giuseppe Alessandrello fue quien, en una sesión extraordinaria, afirmó » que Venezuela no permitirá que se erosionen sus relaciones comerciales ni que se viole su soberanía en aguas territoriales mediante tácticas de piratería moderna».
La citada ley está conformada por 11 artículos y dos capítulos y en los que se establece un riguroso marco sancionatorio para los connacionales que colaboren con el asedio extranjero que sufre el país.
Entre las sanciones contempladas se encuentran hasta 20 años de prisión «para aquellos que apoyen o ejecuten actos considerados como piratería o bloqueos ilícitos».
Pero además se establecen millonarias multas que oscilan entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Y aunque las sanciones son severas, las razones son válidas: el objetivo de esta nueva ley es evitar que el secuestro de buques o carga afecte la estabilidad alimentaria y energética del país. Además, está ajustada a los tratados internacionales globales firmados por la República y que velan por la libre navegación tales como la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar ( de 1958); el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (de 1988) y la propia Carta de las Naciones Unidas.