Todo proceso de reconciliación nacional, de entendimiento o diálogo pasa por un proceso de «perdones» mutuos necesarios, de reconocimientos de las partes, de sus motivaciones, de sus errores y/o de sus aciertos. Por eso una amnistía es no solo inevitable sino casi obligante.
Venezuela, además no vive por primera vez un proceso como éste. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez decretó una Ley de Amnistía que benefició a civiles y militares incursos en el Golpe de Estado de 2002 y a los 350 firmantes del decreto de Carmona Estanga que violaba la Constitución y disolvía todos los poderes.
Ahora, en medio de una coyuntura histórica inédita, la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, anuncia una ley de Amnistía que ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y que espera la pronta aprobación definitiva en segunda discusión para liberar a todos los incursos en delitos de hechos de violencia política desde 1999 hasta la fecha.
Y ¿Por qué es necesaria? Para avanzar en el diálogo genuino entre el gobierno y los factores que le adversan, para sentar las bases de un nuevo punto de partida. No es impunidad, es una apuesta intencional por la paz.
Una Ley de Amnistía se resume como un instrumento a través del cual el Estado acepta abolir las responsabilidades y sanciones penales de aquellos que han sido acusados o juzgados por delitos específicos.
No se trata de un indulto o perdón, sino de la extinción misma del delito.
Apenas en 2024 España aprobó una ley similar para amnistiar a todos los involucrados con el proceso independentista de Catalunya. En 1985, bajo la Ley N° 15.737 Uruguay al finalizar la dictadura aplicó una Amnistía para delitos políticos cometidos por los militares.
Y es que la Amnistía es siempre el primer paso para la pacificación y la reconciliación de los pueblos después de largos conflictos políticos y sociales, incluso étnicos o religiosos, pues así unos y otros, es decir los dos bandos en tensión, se sienten confiados en la posibilidad de avanzar a un entendimiento sin que los hechos del pasado interfieran, pues la Amnistía detiene todo proceso de investigación o persecución, pero además y fundamentalmente, elimina todos los antecedentes penales.
Además una ley de está naturaleza restituye los derechos civiles o políticos que hayan sido vulnerados durante el periodo que se establezca.
«La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”, se lee en el encabezado del documento de 13 articulos que solo espera su segunda discusión.
Con ella se pretende cerrar «ciclos de confrontaciones estériles” mediante “un acto de clemencia soberana que priorice el futuro y el respeto al Estado de derecho”.
Nueve fechas están claramente definidas en el proyecto de ley y estas son:
El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
Los hechos de violencia por motivos políticos “en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero” de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004 y en agosto de 2004. (Que ya habían sido amnistiados en 2007).
Los hechos de violencia por motivos políticos situados en mayo de 2007.
Los ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
Los hechos de violencia por motivos políticos entre febrero y junio de 2014.
Los hechos por los mismos motivos ocurridos entre marzo y agosto de 2017,
Al igual que los sucedidos entre enero y abril de 2019.
Y finalmente los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las últimas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Que esta nueva Amnistía sea la oportunidad definitiva para reencontrarnos como nación y que no se desperdicie en esta ocasión la iniciativa del diálogo y el entendimiento.