El pasado 10 de marzo, en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional discutió y aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Minas que ahora solo espera su confirmación en la segunda discusión y el Ejecútese definitivo.
Fue el diputado Orlando Camacho quien presentó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Minas. Camacho aseguró a sus colegas parlamentarios que la finalidad de la actualización de este marco legal para el sector era la de establecer nuevas reglas «para el manejo de los recursos minerales del país», así como «la necesidad de establecer una ley adaptada a las condiciones actuales de la actividad minera, que ordene el desarrollo de este sector productivo en Venezuela».
Además del siempre preocupante asunto sobre la sostenibilidad de la práctica, la reforma de la ley intenta reforzar la seguridad jurídica y crear las condiciones necesarias para atraer a los inversionistas; de hecho, dijo Camacho «la seguridad jurídica se está contemplando en el proceso nacional, así como también la inversión extranjera».
Entre las novedades más resaltantes del texto se encuentra la creación de la Superintendencia Nacional de Actividades Mineras que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y organizar el sector, mejorando la gestión de recursos estratégicos.
Además se formaliza la Pequeña Minería a través de la creación de registros únicos y de la flexibilización de normas para su movilidad.
«El Ministerio de Minas se establece como órgano rector para regular, dirigir y organizar toda la actividad minera en lo que tiene que ver con la exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales».
Otro de los aspectos incluidos en la reforma de la Ley de Minas está la creación de un Fondo Social Minero que se destinará al desarrollo y protección de la seguridad social de los trabajadores del área. De igual forma se incluye en la legislación la novedosa creación de un «Banco de Datos Geocientífico Minero para centralizar información técnica sobre los recursos del subsuelo».
La reforma, actualización y adaptación de la Ley de Minas a las exigencias del momento, a las prácticas nacionales e internacionales es una deuda que debe saldarse lo más pronto posible. La aprobación de este instrumento dará las herramientas para su desarrollo, explotación, conservación y protección para el bien nacional.